Decreto 0997 de 2026: nuevas reglas para una contratación pública más sostenible, transparente e íntegra

Autor: Valentina Villadiego González Rubio

El Decreto 0997 del 4 de agosto de 2026 modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015 para incorporar la sostenibilidad, la integridad y la transparencia como elementos transversales de la contratación pública. La norma introduce nuevas exigencias para la planeación de las compras, la estructuración de los procesos, la evaluación de las ofertas, la administración del Registro Único de Proponentes (RUP) y la prevención de riesgos de corrupción.

Así, más que agregar requisitos aislados, el decreto busca que las entidades estatales analicen los efectos económicos, sociales y ambientales de sus decisiones de compra durante todo el ciclo de vida de los bienes, obras y servicios.

1. La sostenibilidad comienza desde la planeación

Uno de los principales cambios se encuentra en la planeación estratégica del Plan Anual de Adquisiciones. Las entidades estatales deberán identificar alternativas de compra que contribuyan al cumplimiento de sus objetivos de sostenibilidad y adoptar Programas Institucionales de Compra Pública Sostenible.

Esto supone considerar los impactos económicos, sociales y ambientales asociados al ciclo de vida de los bienes, obras y servicios, de acuerdo con la naturaleza y características de cada contratación. La decisión ya no debe concentrarse únicamente en el precio de adquisición, sino también en los costos de operación, mantenimiento, reutilización, disposición final y los impactos que genere el bien, la obra o el servicio.

2. Criterios ambientales y sociales en los pliegos y en la evaluación

El Decreto 0997 dispone que los pliegos de condiciones deben incluir los criterios ambientales y sociales que resulten procedentes. Estos criterios deben estar relacionados con el objeto del contrato, ser objetivos y proporcionales, y no convertirse en obstáculos injustificados para la participación.

Entre los posibles criterios ambientales se encuentran la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el ahorro y la eficiencia energética, el uso de energías renovables, la protección de los recursos naturales, el uso eficiente del agua, la gestión integral de residuos, la economía circular y la movilidad sostenible. Los criterios sociales, por su parte, pueden orientarse a promover la inclusión laboral de personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, la contratación de mujeres, personas LGTBIQ+, madres cabeza de hogar, víctimas del conflicto armado y personas en riesgo de exclusión social, así como al comercio justo.

Estos criterios podrán incorporarse como condiciones técnicas y también como factores de calidad para ponderar la oferta frente al precio. Cuando la entidad decida no incluirlos, deberá justificar esa decisión en los Documentos del Proceso, ya que la incorporación dependerá del objeto contractual, del análisis del sector, de los impactos identificados y de la capacidad del mercado.

3. Cambios en el RUP y mayor trazabilidad

El decreto también modifica las reglas relacionadas con el Registro Único de Proponentes. Entre las novedades se encuentra la caución exigida para determinadas impugnaciones de la inscripción en el RUP, equivalente al 10 % de la utilidad operacional reportada por el proponente en su último registro y, cuando no exista utilidad operacional positiva, al 1 % de los ingresos operacionales reportados. Esta caución deberá mantenerse vigente desde la presentación del recurso hasta un año después de su decisión.

Adicionalmente, las entidades estatales deberán remitir mensualmente a las cámaras de comercio la información sobre multas, sanciones, inhabilidades y determinados procesos de contratación, reforzando para los proveedores la importancia de mantener actualizada, consistente y verificable la información registrada en el RUP.

4. Nuevas medidas de integridad y anticorrupción

El Decreto 0997 incorpora mayores exigencias en materia de integridad y prevención de la corrupción. Los documentos de los procesos deberán contemplar las cláusulas anticorrupción aplicables y los correspondientes compromisos que deberán asumir los proponentes y contratistas desde la presentación de la oferta, en coherencia con las políticas institucionales de prevención del lavado de activos, antisoborno, antifraude y gestión de riesgos de integridad.

5. Consulta de listas restrictivas internacionales

Otra de las novedades consiste en la obligación de consultar, cuando resulte aplicable, listas internacionales vinculantes, restrictivas, de inhabilitación o sanción de organismos multilaterales de los cuales Colombia sea miembro, con el fin de verificar posibles prácticas prohibidas reconocidas en instrumentos internacionales anticorrupción. Estas consultas deberán quedar documentadas, garantizando el cumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.

6. El papel de Colombia Compra Eficiente

La implementación del decreto involucra directamente a la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, que deberá expedir documentos orientadores para facilitar la implementación de las nuevas disposiciones e incorporarlas en los Acuerdos Marco de Precios y en los Instrumentos de Agregación de Demanda.

7. Implementación progresiva

Las disposiciones del Decreto 0997 no entran todas en aplicación de manera simultánea. Algunas reglas rigen desde el día siguiente a su publicación, mientras que las relacionadas con sostenibilidad, planeación, análisis del sector, pliegos y evaluación de ofertas tienen una implementación progresiva de seis, nueve, doce y quince meses, según el tipo y categoría de la entidad. Las entidades también podrán adoptar anticipadamente las nuevas disposiciones, siempre que lo hagan de manera integral.

¿Qué implica para entidades y proveedores?

El Decreto 0997 de 2026 plantea una contratación pública en la que la sostenibilidad y la integridad deben ser consideradas desde la planeación. Para las entidades estatales, será necesario revisar sus instrumentos de planeación, estudios previos, análisis del sector, pliegos, criterios de evaluación, cláusulas anticorrupción y procedimientos de reporte y consulta. Para los proveedores, será cada vez más importante mantener actualizada la información del RUP, contar con soportes de sus prácticas ambientales y sociales, y fortalecer sus mecanismos internos de integridad y gestión de riesgos.

En conclusión, el Decreto 0997 de 2026 transforma la contratación pública en una herramienta más amplia de generación de valor público: la selección de bienes, obras y servicios ya no se concibe únicamente desde el precio o la satisfacción inmediata de una necesidad, sino también desde los impactos que la compra produce durante su ciclo de vida y desde la integridad de quienes participan en ella. El reto para las entidades será traducir estas reglas en criterios verificables y proporcionales, mientras que los proveedores deberán complementar su preparación técnica con capacidades de sostenibilidad, transparencia y gestión de riesgos.

En BL Enterprise S.A.S. ofrecemos acompañamiento integral a entidades y proveedores para comprender y aplicar las nuevas exigencias de la contratación pública, mediante la revisión de sus procesos de planeación, análisis del sector, documentos contractuales, criterios de sostenibilidad, controles de integridad y gestión de riesgos. Anticiparse a estos cambios permite fortalecer la toma de decisiones, reducir contingencias y demostrar, con mayor trazabilidad, el compromiso de la organización con la transparencia, la sostenibilidad y la generación de valor público.